Industria lanza una consulta pública sobre el uso de la banda de 2,6 GHz y posibles nuevas modalidades de explotación de las de 900 MHz, 1.800 MHz y 3,5 GHz

Industria lanza una consulta pública sobre el uso de la banda de 2,6 GHz y posibles nuevas modalidades de explotación de las de 900 MHz, 1.800 MHz y 3,5 GHz

El ministro de Industria, Turismo y Comercio ha subrayado que con esta consulta se impulsa la competencia en el mercado de telefonía móvil y el desarrollo de nuevos servicios de banda ancha en movilidad
La apertura de la consulta pública se produce tras la aprobación a finales de mayo del nuevo Reglamento del dominio público radioeléctrico, que permite llevar a cabo una gestión más eficaz y eficiente del espectro

El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, ha anunciado que su departamento ha abierto hoy una consulta pública con el fin de recabar la opinión de los agentes del sector sobre el uso de la banda de frecuencias de 2.500 a 2.690 MHz (banda de 2,6 GHz) y sobre posibles nuevas modalidades de explotación de las bandas de frecuencia de 900 MHz, 1.800 MHz (bandas GSM) y 3,5GHz (acceso inalámbrico fijo, LMDS).

Durante su intervención en el Desayuno Informativo del Foro Sociedad en Red, Sebastián ha señalado que “con esta propuesta se quiere contribuir a impulsar la competencia en el mercado de telefonía móvil y al desarrollo de nuevos servicios de banda ancha en movilidad en aras a la reducción de la brecha digital”.

Con la puesta en marcha de la consulta pública, que está disponible en la página web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (http://www.mityc.es/Telecomunicaciones/Secciones/Espectro/), se ofrece al sector una vía para exponer su opinión, lo que contribuye a fomentar la transparencia y la participación de los agentes en la toma de decisiones por parte de la Administración.

La consulta pública abierta hoy se enmarca en la línea emprendida por el Ministerio de Industria para incrementar la flexibilidad en el uso del espectro radioeléctrico, con lo que se adelanta a la aplicación de unos principios que quedarán consolidados con la entrada en vigor del nuevo marco regulatorio europeo, actualmente en fase de discusión.

Nuevo Reglamento del espectro

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 23 de mayo el nuevo Reglamento relativo al uso del dominio público radioeléctrico, que permite llevar a cabo una gestión más eficaz y eficiente del dominio público radioeléctrico, introducir mecanismos que aportan una mayor flexibilización en su gestión, la incorporación de manera más ágil y rápida de servicios innovadores e incrementar la competencia en el mercado y entre los distintos operadores.

Una vez conocida la opinión del sector a través de la consulta pública, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio tiene previsto habilitar la banda de frecuencias de 2,6 GHz para la prestación de servicios avanzados, fundamentalmente de banda ancha en movilidad.

Por otra parte, tal y como disponen la Ley General de Telecomunicaciones y el citado Reglamento, se debe proceder a la transformación, entre otras, de las actuales concesiones de telefonía móvil GSM y DCS en las bandas de 900 y 1.800 MHz, respectivamente. La Comisión Europea está elaborando una Decisión que permitirá que en las citadas bandas se puedan proporcionar servicios diferentes al GSM, proponiendo que en un primer momento pueda dedicarse a sistemas UMTS. De este modo, se abre la posibilidad de permitir el uso de estas bandas para la prestación de servicios de tercera generación (UMTS), lo que permitirá una reducción en los costes de red y permitirá un aumento en la extensión y calidad del servicio.

Asimismo, y también de acuerdo con la Ley General de Telecomunicaciones, se deberá proceder a la transformación de las concesiones para redes LMDS en la banda de 3,4 – 3,5 GHz. Esta transformación permitirá una mayor flexibilización en su utilización, incorporando, por ejemplo, la posibilidad de prestar servicios en movilidad.

Objetivos de las nuevas medidas

En la ejecución de estas medidas, el Ministerio de Industria perseguirá el equilibrio entre los siguientes objetivos: maximizar el beneficio a los usuarios y a la sociedad, eficiencia en el uso del espectro radioeléctrico y evitar la distorsión en el mercado y fomentar la competencia.

Tras recabar las opiniones de los agentes del mercado, las medidas que se adopten se orientarán a la consecución de los siguientes fines, con los que se persigue alcanzar los mayores beneficios para la sociedad en su conjunto, los usuarios y el sector:

Promover la innovación, fomentar la inversión y aumentar la competencia, posibilitando, donde sea posible, la incorporación de nuevos operadores.

Poner a disposición de los operadores frecuencias que permitan ofrecer una mayor velocidad en el acceso a banda ancha en movilidad, lo que facilita la interactividad, contribuye a la reducción de precios y posibilita el desarrollo de nuevos servicios sin congestionar las redes actuales.

Ampliar y mejorar la cobertura en zonas rurales, permitiendo que el conjunto de la población acceda en mayor medida y a un menor coste a los beneficios que se obtienen mediante los servicios de banda ancha inalámbrica.

Abrir una nueva oportunidad para que los operadores fijos puedan ofrecer servicios convergentes incluyendo en sus ofertas la movilidad.

El uso de la banda de 900 MHz permitirá un despliegue más rápido y económico de las redes mediante las que se ofrecen servicios móviles de banda ancha, mejorando la penetración de la señal en el interior de edificios y contribuyendo a una mejor calidad del servicio.

Por otra parte, en la consulta pública se incorporan conceptos relativos a la neutralidad tecnológica y de servicios, y se plantean escenarios relativos al mercado secundario del espectro. Adicionalmente, en la banda de 2,6 GHz se requiere la opinión del sector sobre el procedimiento más idóneo para otorgar nuevas concesiones (subasta, concurso o procedimiento mixto) y se plantea la posibilidad de otorgar concesiones de ámbito geográfico inferior a nacional.

Finalmente, mediante la consulta se pretende recabar la opinión del sector sobre las condiciones que se deberían imponer a los titulares de las concesiones vigentes para permitir los nuevos usos del espectro radioeléctrico que tienen reservado.